Dicen los médicos que un día se cansaron. Dijeron basta. Se cansaron de que los necesitaran para hacer frente a este silente ataque, tanto como los necesitan para descargar la furia que reconoce otras fuentes. Se cansaron, dicen, de que la costumbre no se altere y se siga cortando el hilo por lo más delgado. Están cansados, repiten, de que voces escuchadas por miles de hogares, propaladores de lo que halaga al poder, hagan silencio frente a la embestida judicial; esa que los hace responsables del contagio masivo en una institución para adultos mayores que no respetó ningún protocolo. De los de ahora ni los de antes, si concediéramos la chance de considerar a la ley un protocolo. El geriátrico Santa Lucía, en donde en cuestión de días se contagió más del 70 por ciento de los hospedados y más del 30 del personal, recién pidió alta en una aseguradora de riesgos del trabajo una vez desatada la tragedia. Es decir, sus trabajadores no tenían resguardos mínimos. Pero la imputación recayó sobre dos médicos. Algo, decididamente, no anda bien en la justicia. Vaya novedad, dirán ustedes, hartos quizás de tanta acción judicial sin ir al hueso de los agravios colectivos.
Pero hay un detalle revelado por un informativo local (Canal 12/Clarín) que bien contribuye a alimentar las suspicacias: el dueño del geriátrico es el padre de un «Juez Superior», el vocal del Superior Tribunal de Justicia de esta provincia Sebastián López Peña. Su papá, Rafael, habló elogiosamente del fiscal especial designado a dedo. Andrés Godoy, quien imputara a los médicos, no puede eludir las críticas que sobre su promoción se efectúan, porque fue resuelta ante la urgencia de la pandemia. A favor del abogado se dice que está calificado, es sólido y que algún concurso rindió, porque de lo contrario no lo hubieran impulsado. Aunque no pese menos que haya secundado a Gustavo Vidal Lazcano, hoy acogido a los beneficios (vaya si lo son en la justicia) de la jubilación.
A la de Godoy se la conoce como especial. Especial al modo de las fiscalías anticorrupción; solo dos, que nunca llegaron a arrojar luz sobre los casos que a su despacho llegan; pero, además, lo peor para un servicio de justicia tan sospechado, reside que sean solo dos, disimulando mal el propósito de poder arrinconarlas con más facilidad. ¿Qué será más fácil, volcar la voluntad de ciento cincuenta políticos o de setenta?…Una sola cámara legislativa con 70 bancas resuelve este inconveniente sin otro trámite.
La caravana de protesta de ayer en favor de una amplia justicia en lo que refiere a los dos médicos cuestionados judicialmente, permite dos cosas en el análisis; por un lado, volcar en portada lo que significa la necesidad de una persecución penal sin diagonales, cubriendo todo el abanico de sospechas, no apuntar a lo que emerge (necesariamente) sino a lo que se esconde. Porque puede que en este caso no sea tan difícil encontrar la responsabilidad penal de los dueños – si la hubiera, muy probable a tenor de la flojera de papeles -, pero las más de las veces hay detrás un ejército de abogados, contadores, lobistas, gerentes, cuyo único propósito es esconder al culpable y que pague alguien sin tutela ni salvoconductos. Con los médicos sucede otra cosa…según fuentes de la justicia, en los casos sanitarios, los abogados que persiguen penalmente son auspiciados en sus medidas por médicos, colegas de los sospechados (según la ley el imputado es el principal sospechoso, por eso mi caracterización).
Por otro lado, estamos en pausa con un derecho consagrado por la Constitución, el del pataleo. Protestar hoy equivale a ganarse un lugar en el fichero policial, hacerse de un prontuario por nada menos que decir No Me Gusta. El decreto presidencial, defendido por este cronista en su espíritu sanitario (y por ello, esencialmente político) no puede ni debe suprimir una garantía escrita en la ley fundamental del pueblo argentino – que pone de manifiesto el espíritu de los hombres libres – decir que alguna medida, oficial o patronal, no les gusta ni convence. Si la pandemia cancela derechos políticos como el de la protesta estamos en un problema mucho más grave que el de la salud colectiva. El silencio del oficialismo en el Congreso es un llamado de atención, considerando la extralimitación en que podría estar incurriendo un ejecutivo bien intencionado. Con respecto a los radicales en la oposición, solo un inadvertido (por ser indulgentes con el adjetivo) podría exigirles que salgan al encuentro de este litigio, toda vez que su última convicción hecha pacto con la derecha no es otra cosa que conculcación de derechos en favor de las minorías. Allá donde Don Hipólito embestía, estos conversos ceden y legitiman.
Pobre destino el de un pueblo que mira cómo se diluyen derechos ganados con la sangre de sus hijos. La buena voluntad de un gobierno no debe cegar los ojos de los gobernados. Porque otros dramas, aún en estado embrionario, podrían estar aguardando en los pliegues de esta tragedia.